El órgano sancionador de la Contraloría General de la República (CGR) declaró consentida y, en consecuencia, firme, la resolución que sanciona al exjefe del área de servicios generales y mantenimiento del Hospital Belén de Trujillo, con 3 años y 9 meses de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por la comisión de conductas infractoras muy funcionales graves, en materia de responsabilidad administrativa, previstas en la Ley N.° 27785 y sus modificatorias que otorgan potestad sancionadora a la CGR.  

En su parte considerada, la resolución N.º 469-2024-CG/OSAN del 24 de julio del 2024 detalla que el exfuncionario del Hospital Belén de Trujillo no apeló la resolución N.º 352-2024-CG/OSAN del 13 de junio del 2024, que lo inhabilita para ejercer el cargo público desde el 6 de julio de 2024 hasta el 6 de abril de 2028, por lo que corresponde declarar el fin del procedimiento sancionador y el archivo definitivo del expediente, conforme lo previsto en el reglamento de la ley antes mencionada.

La responsabilidad administrativa funcional del exfuncionario fue identificada en el Informe de Control Posterior N.º 009-2023-2-0640-SCE del 09 de agosto del 2023, emitido por el órgano de control institucional de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, en el cual se evidenciaron varios hechos irregulares en la contratación directa para el mantenimiento correctivo del equipo de rayos X del nosocomio en mención, por el monto total de S/ 54 280. 

El órgano sancionador concluyó que está acreditado que el exfuncionario hizo declaraciones falsas para otorgar la conformidad a la prestación del servicio en cuestión (el 30 de diciembre de 2022), cuando este aún no se había realizado (recién se efectuó el 10 de febrero de 2023). ), con lo que permitió el pago total al proveedor por un servicio que al momento de la retribución económica (17 de enero de 2023) no había sido prestado.

CIFRAS. Desde que la capacidad sancionadora de la CGR fue restituida, en julio de 2021, 14 exfuncionarios y/o exservidores públicos de la región La Libertad han sido inhabilitados para el ejercicio de la función pública, a través de nueve resoluciones tanto del Órgano Sancionador como del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Las sanciones van desde 260 días hasta cinco años por la comisión de conducta infractora grave y muy grave, respectivamente, informó el gerente regional de control, Felipe Vegas Palomino.