Las autoridades enfrentan un escenario crítico ante los incendios forestales que azotan diversas regiones. Actualmente, se registran 49 siniestros activos, mientras 20 han sido controlados, según el jefe del Indeci, Juan Carlos Urcariegui Reyes.

Estas cifras reflejan una situación alarmante, con regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac y Ayacucho entre las más afectadas. Además, otras áreas como Cusco, Huancavelica, La Libertad, Puno y Tumbes también sufren la devastación de estos incendios.

Desde el 2021, se han registrado un total de 1106 incendios forestales. El año 2022 destacó como el periodo con mayor número de siniestros, evidenciando la necesidad de una intervención más efectiva y medidas preventivas.

Hasta la fecha, 142 incendios han sido extinguidos, lo que representa más del 50% de los 222 siniestros contabilizados. Sin embargo, los esfuerzos deben intensificarse para controlar la situación, evitando mayores daños.

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ejecutivo declarar el estado de emergencia en las regiones afectadas. Esta medida permitiría una respuesta más coordinada entre el Gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales.

La Defensoría también hace un llamado al Indeci para sincerar las cifras de incendios activos, controlados y extinguidos. Es crucial que las evaluaciones de daños y análisis de necesidades se realicen de manera precisa en cada distrito.

Entidades de primera respuesta, como el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y los bomberos, deben actuar de inmediato. La integridad de la población y las zonas agrícolas dependen de una intervención rápida y coordinada.

La mayoría de los incendios se concentran entre agosto y octubre, periodo en el que las condiciones climáticas facilitan su propagación. Este patrón evidencia la urgencia de implementar estrategias preventivas y de respuesta rápida.

La colaboración entre las autoridades regionales y locales es esencial para afrontar la crisis. La coordinación y la planificación conjunta son claves para proteger a las comunidades y reducir los impactos ambientales.

Este informe destaca la gravedad de la situación actual. La solicitud de la Defensoría es un llamado a la acción, instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para mitigar la emergencia.